"Los máximos responsables de consideran que es básico profesionalizar al máximo a los traductores e intérpretes ofreciéndoles cursos específicos sobre procedimientos jurídicos pues, aunque de su trabajo no depende que un acusado ingrese o no en prisión, sí que le garantiza una correcta comprensión de los hechos que se le imputan con una traducción que está llena de sentido".